La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Repsol por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un "abuso de posición de dominio", en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España, según ha anunciado este martes.

En concreto, Competencia investiga a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción.

"Todo lo que hizo Luis de Guindos como ministro de Economía de España [de 2011 a 2018, durante los peores años de la crisis de financiera] fue con el objetivo de entrar en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE)", comenta un político que en aquellos tiempos compartió despachos con él, y que ahora prefiere guardar el anonimato. Los grandes hitos de De Guindos en los gobiernos de Mariano Rajoy fueron el diseño del rescate de las cajas de ahorro y la creación del 'banco malo', la Sareb.

Más de dos meses de retraso en el piloto de la semana laboral de cuatro días del Ministerio de Industria, que aún no ha echado a andar. El Gobierno anunció a mediados de mayo que se habían presentado 41 empresas interesadas y entonces se dio "un plazo máximo de 5 meses" para la evaluación de los proyectos presentados, que se cumplió el pasado octubre. A finales de diciembre, aún no ha terminado el proceso.

En estos días, cuando se conocía el primer estudio del piloto que está aplicando el Gobierno de Portugal, el proyecto en España anunciado en 2022 aún no ha comenzado.

Más de dos meses de retraso en el piloto de la semana laboral de cuatro días del Ministerio de Industria, que aún no ha echado a andar. El Gobierno anunció a mediados de mayo que se habían presentado 41 empresas interesadas y entonces se dio "un plazo máximo de 5 meses" para la evaluación de los proyectos presentados, que se cumplió el pasado octubre. A finales de diciembre, aún no ha terminado el proceso.

En estos días, cuando se conocía el primer estudio del piloto que está aplicando el Gobierno de Portugal, el proyecto en España anunciado en 2022 aún no ha comenzado.

En solo unas semanas se cumplirán cuatro años desde el inicio de la pandemia de coronavirus y de un confinamiento que convirtió en realidad el teletrabajo. Lo hizo de golpe y con la percepción de que la presencialidad laboral podría cambiar una vez se levantaran las restricciones. Y ha cambiado, pero no en todas las ciudades con exposición al trabajo de oficina se vive la misma situación.

Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de varios análisis realizados por consultoras inmobiliarias, que miden la presencialidad en las oficinas y cómo están cambiando estos espacios de trabajo, en la que constituye una de sus principales áreas de actividad comercial.

"Quedábamos en un punto y luego allí uno o dos sabían el lugar de la reunión", explica Begoña San José, histórica sindicalista y feminista de CCOO. Antes de 1977, de la legalización de los sindicatos de clase en España, el movimiento obrero llevaba años de lucha antifranquista. Lo hacía en la clandestinidad, marcado por el miedo y la represión, pero también por la ilusión de combatir una dictadura en sus últimos coletazos. La Fundación 1 de Mayo rescata algunos espacios de esta lucha en Cartografía de la Memoria Obrera de Madrid, entre los que se encuentran algunos dentro del propio aparato del franquismo, como sedes del Sindicato Vertical o la Iglesia, para poder sortear la censura.

El año que vivimos peligrosamente, el título de la laureada película australiana inspirada en las revueltas de 1965 contra el régimen de Sukarno en Indonesia, podría definir el estado de tensión permanente que la economía mundial ha registrado en 2023. En los últimos cuatro años, con la Gran Pandemia y el irreverente ciclo de negocios post-Covid como telones de fondo, han emergido disrupciones comerciales y logísticas, guerras en Europa como la de Ucrania, o el conflicto en Palestina, o escaladas de precios en materias primas energéticas, minerales y alimentarias.

El año termina con novedades para los funcionarios de la Administración General del Estado. El Gobierno aprobó el pasado martes el nuevo marco para los trabajadores públicos con nuevos complementos y la mejora del funcionamiento de las oposiciones. Uno de los principales cambios normativos contempla los ascensos salariales para estos empleados sin necesidad de moverse de su puesto de trabajo. Es un nuevo complemento de carrera que permitirá al funcionario cobrar más sin tener que acceder a un nuevo nivel dentro de la administración.

El Real Decreto en el que se ha incluido esta reforma explica el detalle de cómo funcionará este sistema para los trabajadores públicos.

UGT y CCOO han rechazado continuar las negociaciones con Iberia y han retomado la convocatoria de huelga para los trabajadores del 'handling', durante la Navidad, esta vez para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, según recoge Europa Press. Se trata del servicio de tierra que gestiona las maletas y los equipajes en los aeropuertos.

Según un comunicado emitido por Iberia, la compañía ha explicado que, tras una primera reunión con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, los sindicatos han rechazado continuar con las conversaciones para encontrar una vía alternativa al 'autohandling', en referencia a que sea la empresa la que preste servicio a sí misma tras perder la licencia de 'handling' en ocho aeropuertos, según el resultado del último concurso de servicios de tierra de Aena.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha echado a andar el grupo de trabajo que tiene que regular el alquiler por temporada, uno de los temas que quedaron pendientes en la redacción de la Ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de mayo, y que se ha convertido en una vía para aumentar el precio de los pisos en arrendamiento.

Este viernes se ha mantenido la primera reunión del Grupo de Trabajo, que tiene como misión "avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda", indica el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez.