En marzo de 2022, la inflación estaba disparada. Solo había pasado un mes del inicio de la guerra en Ucrania y el Índice de Precios de Consumo (IPC) rozaba el 10%, el máximo en casi 40 años. En ese momento, el Gobierno de coalición aprobó una medida que, hasta entonces, parecía un anatema: puso un límite a la subida de los alquileres y despertó las acusaciones de que se estaba interviniendo donde solo deberían mandar las leyes del libre mercado.

José Luis Escrivá (Albacete, 1960) lo tiene claro. Un recorte de impuestos de la magnitud que ha planteado el PP en su programa electoral "es absolutamente imposible hacerlo" si no se tocan las pensiones. "¿Dónde hay capacidad de recorte? Como ya hicieron en el año 2013 está en la Seguridad Social, que tiene un presupuesto de 200.000 millones de euros". Son los números que esgrime el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para afirmar que el poder adquisitivo de las pensiones "estaría en riesgo" con un Gobierno de la derecha.

La entrada de Vox en un gobierno con el Partido Popular (PP) sería una amenaza directa al 'bolsillo' de los pensionistas. El partido de ultraderecha es la única formación política que ha admitido durante la campaña de las elecciones del 23 de julio que solo subirán las pensiones "en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit", según las palabras de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Esta posición, en la práctica, implicaría una rebaja automática del poder adquisitivo de las pensiones mientras haya desequilibrios presupuestarios, algo que prevén todas las instituciones para los próximos años, aunque se confíe en una senda de reducción del déficit, y que sería imposible de revertir con las promesas de bajar "radicalmente" los impuestos que recoge su propio programa electoral.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reiterado este sábado en Zaragoza el apoyo del Gobierno para que Aragón se convierta en la sede de la nueva fábrica de baterías de vehículos eléctricos que plantea el grupo Tata y ha recordado que en los próximos días se producirá la convocatoria del Perte dedicado a esta cuestión, de 850 millones de euros.

Calviño ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al espacio Mobility City, ubicado en el Pabellón Puente de Zaha Hadid, donde ha estado acompañada por la ministra de Educación y cabeza de lista del PSOE por Zaragoza en las próximas elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio, Pilar Alegría.

A finales del mes pasado, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de EEUU falló en contra de una de las promesas estrella de la campaña del presidente Joe Biden: la condonación de 10.000 dólares de deuda a todos los estudiantes, y hasta 10.000 adicionales para todos los que accedieron a la universidad con ayudas públicas por su bajo nivel de ingresos. Desde su anuncio hace un año, más de 26 millones de personas habían solicitado esta ayuda federal, de la que se podrían haber beneficiado hasta 43 millones de personas.

El ecosistema global de alimentos presenta varias vías de agua que inducen a presagiar un riesgo de naufragio. A corto plazo, en la segunda mitad de este año, los daños colaterales por los fenómenos climatológicos como el calor extremo y las sacudidas geopolíticas sobre la globalización van a provocar en los precios de uno de los buques insignia del mercado de las materias primas. Y no en uno cualquiera, sino en la rúbrica que con más persistencia catapulta en 2023 la inflación y prolonga e intensifica las restricciones monetarias por todo el planeta.

María Jesús Montero (Sevilla, 57 años) es un torbellino. Viene de repartir folletos y visitar el mercado de Lebrija y Dos Hermanas, dos bastiones socialistas que resistieron el tsunami del PP en Andalucía en las municipales del 28M, y llega a la entrevista a las seis de la tarde, con los termómetros en la calle a 43 grados. La vicesecretaria general del PSOE, ministra de Hacienda y número uno por Sevilla tiene el encargo de Pedro Sánchez de bombear sangre y energía al socialismo andaluz, que viene de perder dos procesos electorales en un año.

Primeros ingresos para La Granjilla de la Fresneda SL, la empresa que utiliza la familia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para participar, a través de una empresa instrumental en Luxemburgo, en una inmobiliaria a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó en diciembre de 2021 un contrato de 2,8 millones de euros.

La Granjilla de la Fresneda SL acaba de publicar sus cuentas anuales de 2022. Estas reflejan que el pasado ejercicio empezó a facturar por primera vez desde la creación de esta empresa en 2008.

En la mesa de la terraza de un bar, están sentados Laura, Cecilia y Raúl. Los tres, menores de 30 años. También los tres, con salarios por debajo de los 27.000 euros. Charlando de esto y de lo otro, mientras en la tele el FC Barcelona de baloncesto gana la final de la liga al Real Madrid, la conversación se adentra en la declaración de la renta: que si este año me ha tocado pagar, que si a mí me han devuelto… Hasta que uno pregunta al aire: “Oye, ¿y pedisteis la ayuda de 200 euros?”.

Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que se decidió una subida de los tipos de interés oficiales de 0,25 puntos hasta el 4%, revelan más presión para familias y empresas en los próximos meses.

Según el documento, el consejo de gobierno de la institución "hizo hincapié en la necesidad de ser suficientemente restrictivos y persistentes en el endurecimiento de la política monetaria" para luchar contra la inflación.Y, según continúa, "se consideró fundamental comunicar que la política monetaria aún tenía más terreno por recorrer para llevar la inflación al objetivo (del 2%) de manera oportuna".