El Gobierno de Pedro Sánchez propone incrementar la ambición en renovables y plantea que las energías limpias cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030, frente al 74% planteado en el plan energético que elaboró en 2020, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32%, frente al 23% planteado inicialmente.

En la nueva hoja de ruta que ha remitido a Bruselas, un extenso documento de unas 600 páginas, el Ejecutivo plantea que el porcentaje de renovables en el consumo de energía final se sitúe en el 48% en 2030, tres puntos por encima del 45% que plantea la Comisión Europea, y por encima del 42% que se había fijado hasta ahora España.

La patronal está ninguneando el observatorio de márgenes que ha creado el Gobierno y que dará a conocer esta semana. El objetivo de este indicador es "arrojar más luz", según aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, sobre la evolución de los beneficios corporativos. Y que esta información, detallada por ramas de actividad, pueda ser utilizada en las negociaciones para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Mientras, el Banco Central Europeo (BCE) avisa de que los márgenes de las empresas tienen que bajar, tras dos años de una intensa recuperación, para absorber las subidas de los salarios que se están produciendo para restaurar algo de poder adquisitivo, después del histórico 'mordisco' de la inflación desde 2021, y sobre todo en 2022.

La 'mochila austriaca' vuelve a aparecer en el debate laboral en España. El Partido Popular ha incluido la medida en sus propuestas económicas de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, aunque sin nombrarla expresamente y sin detalles sobre cómo se aplicaría. Se trata de unas cuentas individuales en las que el trabajador acumula fondos de cara a un futuro despido o su jubilación, que puede tener variantes distintas y que supondría una reforma sustancial del actual sistema de despido en España.

Un día y medio de huelga. Los sindicatos de la Inspección de Trabajo han desconvocado esta misma tarde el paro indefinido en el organismo público, el primero de su historia, sin lograr las mejoras laborales pactadas hace casi dos años con el Gobierno y en medio de duras acusaciones contra el Ejecutivo, de "mala fe" y de "instrumentalización" del servicio público en "guerras internas" entre los dos partidos que forman la coalición. En la plantilla se resignan a que las medidas prometidas no recibirán la luz verde de Hacienda antes de las elecciones del 23J.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, una prórroga de seis meses al plazo que su departamento estableció para la obtención de un permiso clave, la autorización de construcción, para una enorme bolsa de proyectos de energías renovables.

El objetivo es salvar cientos de proyectos con cerca de 43.000 megavatios (MW) de potencia que necesitaban obtener ese permiso el próximo 25 de julio, según el cronograma que había fijado inicialmente el propio Gobierno.

El Ejecutivo ha decidido eliminar la prórroga automática de los contratos que se puso en marcha en el paquete de medidas anticrisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, según indican fuentes de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

A diferencia de otras medidas que sí van a seguir, como el IVA reducido de los alimentos, a partir del 1 de julio, las condiciones de los contratos de alquiler no se va a prorrogar. Una medida que reclamaban los sindicatos de inquilinos e inquilinas para evitar que se disparen las rentas de quienes tienen que firmar un nuevo contrato o tengan que abandonar sus casas si no pueden pagarlos.

El Gobierno retrasa el derecho a cotizar de los becarios, como pidieron los rectores de universidades. El Ejecutivo ha accedido a posponer la cotización obligatoria ya aprobada, que entraba en vigor el 1 de octubre, hasta el próximo 1 de enero, confirman fuentes de la Seguridad Social a elDiario.es. La medida pretende "dar más tiempo" a los centros educativos para adaptarse y cuenta con la rotunda oposición de los sindicatos, que critican la "presión" de los rectores y temen que la medida quede en un cajón a expensas del próximo Gobierno que resulte de las urnas el 23J.

La Comisión Europea ha informado este martes de que ve problemas de competencia en la fusión anunciada entre Orange y MásMóvil hace casi un año. Bruselas teme que se reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas españoles de servicios de telecomunicaciones móviles e internet y ello redunde en "grandes subidas de precios" para los clientes finales.

Bruselas anunció el pasado abril el inicio de una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo líder por clientes en España, podría poner en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y en el servicio minorista de banda ancha móvil y fija.

El expresidente del fabricante automovilístico alemán Audi Rupert Stadler ha sido condenado este martes en Alemania a un año y nueve meses de libertad condicional y al pago de una multa de 1,1 millones de euros en el juicio por la manipulación de emisiones en vehículos diésel.

La sala de lo penal económico de la Audiencia Territorial de Múnich ha declarado culpable de fraude a Stadler por haber detenido demasiado tarde la venta de automóviles diésel con valores de emisiones manipulados, según informaron los medios.

La sentencia establece que Stadler, exmiembro asimismo del consejo directivo del grupo Volkswagen (VW), matriz de Audi, deberá pagar la multa acordada de 1,1 millones de euros en parte a las arcas públicas y en parte a varias organizaciones benéficas.

En estos meses previos a las elecciones del 23 de julio se sigue citando, a menudo como demérito de la labor del Gobierno, el retraso de la economía española en superar el nivel del PIB previo a la pandemia. Aquellos que presentan una imagen más positiva insisten, en cambio, en que la legislatura ha dejado más empresas, más empleo, menos temporalidad y mayor protección social. Sin embargo, este balance se hace antes de que el INE presente la revisión que hará en septiembre de los datos del PIB referidos a estos últimos años.