Desde que se aprobó la Ley de Vivienda muchos inquilinos –o aspirantes a serlo– han visto cómo las agencias que intermedian en los alquileres han elevado los requisitos que piden. Por ejemplo, exigen cobrar por ir a ver un piso, por reservarlo o prefieren hacer el contrato a parejas porque entienden que son más solventes.
También, cómo algunos intermediarios exigen el cobro de un importe equivalente a una mensualidad, no en concepto de intermediación de agencia, como sucedía antes de que se aprobase la Ley de Vivienda, sino bajo el argumento de que con ese dinero se prestan servicios a los arrendatarios mientras están viviendo en ese piso.