Los seis grandes bancos españoles tuvieron en 2022 un beneficio histórico. Y eso va a redundar en los próximos meses en sus inversores. De los 20.800 millones de euros de ganancias que obtuvieron las entidades en el pasado ejercicio, destinarán más de 9.300 millones a retribuir a los accionistas, tanto a través de dividendos como por recompras de acciones. Algunos grupos han ampliado el porcentaje de ganancias que van a reenviar a sus partícipes.

Este aumento llega incluso después de meses de avisos y peticiones por parte de los supervisores, como el Banco Central Europeo y el Banco de España, que solicitaban a los bancos precaución y cautela a la hora de repartir dividendos.

Otra institución que el Partido Popular bloquea. El PP retrasa la renovación de los dos consejeros del Banco de España cuyos mandatos han expirado en los últimos días. El Ministerio de Asuntos Económicos defiende que ha ofrecido al principal partido de la oposición elegir uno de estos asientos, ahora vacantes, en el consejo de gobierno de la institución. No es la primera vez que los populares entorpecen la renovación de una institución pública, de hecho el PP lleva vetando el cambio de los miembros del Poder Judicial desde hace años.

Bruselas prepara el terreno para la salida de la UE del Tratado de la Carta de Energía que blinda las inversiones en combustibles fósiles y que está desfasado. Primero fueron países como España, Francia, Italia o Países Bajos los que anunciaron su retirada y después los 27 no fueron capaces de llegar a un acuerdo para modernizar el tratado, que quedó en el aire. Ahora la Comisión Europea ha enviado un non-paper -documento de trabajo en la jerga comunitaria- en el que plantea a los estados miembros los escenarios que quedan abiertos dadas las circunstancias, aunque apuestan ante los infructuosos intentos por llegar a un acuerdo por la salida coordinada y conjunta del tratado.

Nueva jurisprudencia para los listados de morosos a la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo ha determinado este martes que solo se pueden incluir en estas referencias a aquellas personas jurídicas o físicas que deben dinero por deudas o sanciones tributarias en "firme". "El régimen legal de publicidad de la identidad de los deudores, en caso de delito fiscal, queda reservado a las situaciones de sentencia firme condenatoria, sin que baste por tanto la mera liquidación de la deuda", concluye el tribunal en cuatro sentencias publicadas para abordar recursos contra la inclusión en estos listados.

Google ha anunciado un nuevo chat creado por inteligencia artificial (IA) llamado Bard, en aparente respuesta al ChatGPT de su competidora Microsoft y que ha logrado una gran popularidad en poco más de dos meses de vida. En un comunicado del máximo ejecutivo de Google, Sundar Pichai, éste detalla que Bard ha sido hasta ahora ensayado con personas de confianza antes de abrirlo al gran público "en las próximas semanas".

Sin proporcionar detalles, Pichai ha explicado que Bard (bardo, en castellano) extrae información de la web "para proveer respuestas frescas y de alta calidad".

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha anunciado el inicio de la huelga indefinida en Iberia Regional Air Nostrum desde el 27 de febrero en todas las bases y centros de trabajo los lunes y viernes, en respuesta al "bloqueo sistemático" que, según denuncia, "vienen sufriendo por parte de la empresa ante sus legítimas reivindicaciones" en el marco de las negociaciones de su convenio colectivo.

Sepla ha criticado la "actitud inmovilista" de la compañía en la mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) este lunes 6 de febrero, donde "la empresa ha rehusado atender nuevamente las propuestas de los tripulantes técnicos", según ha afirmado en un comunicado.

Un acuerdo en un juzgado de Vigo puede dar la vuelta al tablero sobre el que hace años se dirimen las presuntas responsabilidades del gigante Cosentino y cientos de trabajadores que, al manipular sus encimeras de silestone, contrajeron silicosis sin saberlo. En el acuerdo, avanzado la semana pasada por la prensa de Galicia, el responsable de Cosentino acepta la pena de seis meses de prisión y pagar 1,1 millones de euros a cinco trabajadores de una empresa de instalación de encimeras, por su responsabilidad al no advertir del riesgo del material que manipulaban.

"Sobra sitio" en Castilla-La Mancha para instalar megaproyectos fotovoltaicos en terrenos ya degradados con mínimo impacto. En total, unas 300.000 hectáreas en toda la comunidad autónoma. Es el cálculo que han realizado diversas plataformas posicionadas en contra la instalación de grandes huertos solares en zonas con algo impacto ambiental, quienes han hecho público un informe conjunto

En rueda de prensa, la Plataforma ALIENTE en Guadalajara, la Asociación SOS Aurelia de Ontígola, la Asociación ARBA de Oreja, la Asociación Salvemos los Campos, la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez, así como representantes municipales de Esquivias, La Villa de Don Fadrique y El Viso de San Juan, municipios de la provincia de Toledo, han denunciado el Real Decreto-Ley del pasado mes de diciembre que permite que los proyectos puedan ser aprobados "sin más control" que el informe redactado por las propias empresas fotovoltaicas y que elimina y reduce los trámites de control ambiental.

La necesidad de una ley que proteja de represalias a las personas que destapan casos de corrupción fue la propuesta estrella de los programas electorales de todos los partidos para las generales de 2016. De todos menos del PP, que vivía acosado por los casos de corrupción y que terminó gobernando. El proyecto quedó en el olvido hasta el ciclo electoral de 2019, cuando de nuevo todos menos el PP se comprometieron a impulsarla. La negociación de una directiva europea sobre la misma temática y la pandemia volvieron a retrasar la norma, que este miércoles llega por fin a su última votación en el Senado.

España ha aprobado in extremis la Estrategia Nacional de Contratación Pública que la Comisión Europea llevaba años exigiendo al Gobierno. El Ejecutivo había prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023 y la responsable de aprobarla, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), le ha dado su visto bueno sobre la bocina.

La OIRESCON aprobó esa estrategia el 28 de diciembre, tres días antes de que expirase el último plazo comprometido a la UE. La entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, acaba de colgar el documento en la plataforma de contratación del Estado, tras ser elevada al Consejo de Ministros para su envío a las Cortes.