El Gobierno ha abierto en los últimos días el melón de uno de los debates más impopulares que existen: los peajes. Y las posiciones encontradas no han tardado en expresarse. La financiación de las carreteras en España, especialmente en lo que se refiere a su mantenimiento, ha sido un tema controvertido de debate público desde hace años, especialmente en lo referido a los rescates de radiales o la gestión de las concesiones. Ahora, el Ejecutivo ha incluido en el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas su compromiso para aprobar un modelo fiscalidad por el uso de estas infraestructuras.

A menudo se critica que el pilar social europeo es más declarativo que vinculante. Sobre todo si se mira atrás, a la gestión de la anterior crisis económica al dictado de los recortes en derechos sociales, servicios públicos y sacrificios de los que aún no se habían recuperado economías como la española o la griega antes de la llegada de la pandemia.

Pero con la pandemia se suspendieron las reglas fiscales, aquellas que sí obligan a unas cifras de déficit y deuda, so pena de recibir castigos, pero no las de paro, inversión en servicios públicos o en educación, como tampoco la persecución de la competencia desleal por la vía de impuestos que realizan algunos países, como Holanda, Luxemburgo o Irlanda.

Muchos vieron las llamadas 'colas del hambre' durante la pandemia y no identificaban esa imagen con su país. En sus barrios, en grandes ciudades de una de las mayores economías europeas, se formaban largas filas de ciudadanos que necesitaban ayuda para comer. El parón económico por el coronavirus sacó a la luz, puso rostro, a las miles de personas que viven en riesgo de pobreza o gran precariedad en España. Las estadísticas oficiales ya lo indicaban y lo denunciaban organismos como Unicef, pero en muchos casos estas situaciones de vulnerabilidad permanecían ocultas.

Para comprender por qué los grandes partidos conservadores alemanes están cayendo de un tiempo a esta parte en los sondeos de intención de voto hay que saber de los negocios que hicieron varios de sus diputados en la pandemia. Algo turbio han de tener esos negocios cuando se les conocen en Alemania como 'Maskengate', algo así como "mascarillasgate".

Con ese nombre se alude al caso de los diputados conservadores que ganaron dinero cobrando comisiones al facilitar la venta de mascarillas a organismos públicos en plena pandemia.

El expresidente no ejecutivo de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cualquier irregularidad por su parte en relación con la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ha atribuido a Repsol.

"No tengo el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo", ha señalado durante su declaración, según fuentes presentes en la misma consultadas por Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha interrogado este viernes a Fainé y también al presidente de Repsol, Antonio Brufau como imputados en la pieza separada número 21 del caso 'Tándem', en la que se investiga el 'encargo' por parte de estas dos empresas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

"Buenos días y bienvenidos a Ouigo. Gracias por acompañarnos en este histórico día para la alta velocidad en España. El Oui Bar está cerrado, pero tenemos botellas de agua para todos los viajeros".

Una voz amable da la bienvenida al tren. Son las diez y cuarto de la mañana y parte de Atocha el primer viaje de OUIGO, la marca low-cost de la compañía francesa SNCF. Es un día señalado porque comienza de forma efectiva la liberalización del ferrocarril en nuestro país. Hasta ahora, las vías del corredor Madrid-Barcelona solo las usaba Renfe, nuestra empresa estatal de trenes.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado este viernes la tasa municipal a compañías de telefonía fija e Internet por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a las empresas que actúan en el sector de la telefonía fija y de acceso a Internet, después de que se pronunciara al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El TS ha estimado los recursos de una serie de ayuntamientos que habían interpuesto recursos tras el fallo de los tribunales de justicia a favor de Orange en instancias previas.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha comunicado al consejo de administración su deseo de renunciar al cargo por motivos personales, por lo que será sustituido por el actual consejero delegado, Javier García del Río.

Echegoyen, que renuncia a la presidencia de Sareb tras siete años en el puesto, continuará desarrollando su actividad hasta que se elija a su sucesor tras la próxima junta de accionistas, prevista para el próximo 27 de mayo. El consejo de administración propondrá que Echegoyen sea sustituido por García del Río, que se incorporó a Sareb en febrero de 2020.

Las siglas SPAC están tomando protagonismo en los últimos años en EEUU y ahora también en Europa. El Gobierno español quiere allanar la llegada de este tipo peculiar de sociedades de inversión bursátil para convertirlas en una "alternativa a la dependencia del crédito bancario" de las empresas, especialmente para aquellas con "amplio potencial de crecimiento". La Vicepresidencia de Asuntos Económicos ha abierto esta semana la consulta pública para el anteproyecto de la nueva ley del mercado de valores, que incluye por primera vez a este tipo de sociedades para dotarlas de "seguridad jurídica".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha empezado a publicar las actas de inspección a las centrales nucleares que supervisa tras dos años de apagón informativo.

Entre el miércoles 5 y el jueves 6 de mayo, el organismo público que evalúa, inspecciona y regula la seguridad nuclear y la protección radiológica en España ha publicado un total de diecinueve actas de inspección que hasta ahora no había difundido pese a estar obligado a hacerlo por su estatuto.

Los documentos publicados ahora recogen el resumen de visitas realizadas por los inspectores del organismo entre abril de 2019 y febrero de 2020 a las centrales nucleares de Cofrentes (Valencia), Vandellòs II (Tarragona) y Almaraz (Cáceres); al almacén de residuos de media y baja actividad de la empresa pública Enresa en El Cabril (Córdoba); y a la fábrica de combustible nuclear de la estatal Enusa en Juzbado (Salamanca).