Juristas internacionales integrarán un "tribunal ético" que, con sede en Madrid, se dedicará a analizar y dictaminar sobre casos y procesos que consideren relevantes de "persecuciones" judiciales, "genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y medioambientales".
Presentado este domingo en rueda de prensa en Madrid, el exjuez Baltasar Garzón ha precisado que el denominado Tribunal de Acción Común no es un órgano jurisdiccional y, por tanto, no emitirá sentencias, sino "dictámenes".
Tampoco será "inquisitorial", pues dará voz a la parte demandada -si quiere participar voluntariamente-, y no se regirá por interés económico.
Su acción se basará en los principios de "imparcialidad y objetividad" y en el "más alto rigor jurídico" de sus miembros como mecanismo que ayude a denunciar "deficiencias" judiciales en el mundo y avanzar en los derechos humanos, ha subrayado la guatemalteca Renata Ávila, abogada de Rigoberta Menchú y Julian Assange.
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