Este jueves es el día mundial para la abolición de los “mal llamados” paraísos fiscales.

Aprovechando la fecha, la Plataforma por la Justicia Fiscal recuerda el informe que publicó la Tax Justice Network en noviembre, el cual señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Esta cifra es equivalente al 9% del gasto sanitario de nuestro país. O visto de otra manera, con ese dinero “se podría contratar a 350.000 profesionales” del sistema de salud público. Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial, incluso se ha llegado a un acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro puso en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años y que es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos. Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales.

El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos al acuerdo. El pacto “de la OCDE es importante y la UE seguirá con este trabajo diligentemente junto con los Estados miembros y todos nuestros socios internacionales”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recientemente.

El exministro de Finanzas neerlandés defendió que este acuerdo de la OCDE “garantiza que cada contribuyente pague una parte justa de impuestos” y “disuade a las multinacionales de mover sus beneficios por todo el mundo para explotar las lagunas” fiscales. “No es un tema europeo, es internacional y debería preocuparnos a todos”, subrayó Hoekstra, para después añadir que este acuerdo “también establece un nivel mínimo” en el impuesto de sociedades con el objetivo de “evitar que los países se embarquen en carreras a la baja” en la tributación corporativa.

“Trump no solo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, lamentó la Tax Justice Network, en un contundente comunicado tras la investidura de Donald Trump.

El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley del suelo del 15% en Sociedades en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante. El problema es que Estados Unidos es un actor crucial, y muchas multinacionales son estadounidenses.

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Tax Justice Network elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

Un arma contra la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump es precisamente diseñar impuestos a las multinacionales y ricos estadounidenses. Una respuesta que viene siendo liderada por economistas y organizaciones que defienden una mayor justicia fiscal global, y que están a favor de fijar unos mínimos obligatorios de impuestos coordinados a nivel mundial a las grandes empresas y a los multimillonarios.

El economista Gabriel Zucman ha planteado este contraataque a los aranceles de Estados Unidos. Según argumenta, la primera potencia mundial “tiene una debilidad: su oligarquía servil y altamente internacionalizada”. ¿Por qué es una debilidad? “Porque es un número minúsculo de personas, que dependen, para su riqueza, del acceso a los mercados internacionales, lo que da a los países extranjeros un poder considerable sobre ellos. Ahora es el momento de usar ese poder”, arguye.

El planteamiento procede del informe sobre 'Evasión fiscal global' de 2024, que coordinó Gabriel Zucman juntos a otros expertos para el EU Tax Observatory, y en el que participó Quentin Parrinello, quien explicó a elDiario.es que “la idea es que los países podrían condicionar el acceso al mercado a las multinacionales extranjeras y a los multimillonarios”, obligándoles a pagar lo que es justo.

Por ejemplo, Canadá y México “deberían imponer aranceles a los oligarcas estadounidenses”. Es decir, si Tesla quiere vender coches en Canadá y México, entonces el propio Elon Musk, como principal accionista de Tesla, debería tener que pagar impuestos en Canadá y México. “Imponerle un impuesto a la riqueza y condicionar el acceso de Tesla al mercado a que pague el impuesto”, remata Gabriel Zucman.

“Lo que es importante entender es que son medidas que tienen propiedades mucho mejores que los aranceles. Son más específicas: los costes se centran en los oligarcas estadounidenses y los consumidores de sus bienes. Este enfoque cambia la naturaleza del conflicto: ya no se trata de país contra país, una receta segura para inflamar las tensiones nacionalistas, con todos los riesgos involucrados, sino de consumidores contra oligarcas”, concluye.