Tras 24 años, la mujer había sido expulsada junto a sus dos hijos menores del piso en el que vivía en el centro de Sevilla, una ciudad asediada por las viviendas de uso turístico. “Entre la Semana Santa, la feria, el final de la Copa... el piso más pequeño cuesta 300 euros la noche”, explica. En unos días especialmente buenos para los desplazamientos, hasta el Consejo de Hermandades de la ciudad ha señalado los problemas de la masificación en estas fechas: “No cabemos más”, afirmó su presidente Francisco Vélez.

La Semana Santa vuelve a poner el foco en la tensión que generan las viviendas vacacionales en buena parte del territorio, donde la llegada de turistas es habitual todo el año, pero se intensifica con los festivos. “Hay más afluencia, pero es un tránsito diario. Ni siquiera afectó la Dana, cuando volvías en bici de limpiar, hasta arriba de barro, y te encontrabas a gente con la maleta bajando del taxi”, explica Marieta, que viven en un pequeño piso de 40 metros cuadrados en La Zaidía, en València, bajo uno de estos alojamientos y donde padece el vaivén constante, ruidos y fiestas nocturnas o llamadas a altas horas para que abra la puerta a turistas.

Sevilla y València son dos ejemplos más del proceso de expansión de las viviendas turísticas a zonas que, tradicionalmente, se consideraban, incluso, deprimidos. “Analizamos esta expansión a los barrios periféricos como una intensificación de la mercantilización de la ciudad y como un ejemplo de la contradicción del capitalismo con las necesidades humanas”, explica la portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Julia Garrido.

“La situación en Sevilla es similar a la de otras ciudades andaluzas, como Málaga, Cádiz o Granada, con la agravante de que son economías muy dependientes del turismo, con un impacto muy grande sobre el mercado inmobiliario”, añade el portavoz del sindicato y geógrafo de la Universidad de Sevilla, Ibán Díaz. En Andalucía, el Ministerio de Consumo ha detectado 85.000 anuncios de pisos turísticos. Según las organizaciones por el derecho a la vivienda, unas 10.000 están en Sevilla, donde “el mercado del alquiler es totalmente disfuncional”, con otras 26.000 vacías. “Ya tenemos 36.000 viviendas que no se están usando para los residentes”, lamenta el experto.

El trajín de maletas por escaleras y portales se reproduce en diversas ciudades, con molestias también para los vecinos y una nueva fotografía del espacio público. Marieta volvió hace unos años a La Zaidía, el barrio donde habían vivido sus abuelos, sus padres y donde ella se crió. Pero la imagen no era la misma: “En mi acera, hasta el final de la calle, en los bajos donde antes había comercios, hoy todo son apartamentos turísticos. Incluso en el supermercado no se ven vecinas y en la calle hay grupos de gente que no puede fumar dentro y que ojalá fueran chavales del barrio que bajan a jugar a la calle”.

La situación ha forzado a algunas administraciones a tomar cartas en el asunto. El 3 de abril entró en vigor una reforma, impulsada por el Ministerio de Vivienda, que requiere del acuerdo expreso de las comunidades de vecinos para permitir la instalación de nuevos pisos turísticos. “Es una medida razonable, que puede tener un impacto en la evolución de las futuras VUT, pero las que ya están registradas podrán seguir operando y el problema ya está aquí”, advierte Díaz. Según datos de Eurostat, desde 2018 y hasta 2024, el número de reservas de viviendas turísticas realizadas a través de plataformas como Airbnb o Booking se disparó en España casi un 40%, convirtiendo al país en el segundo de la UE con más pernoctaciones en este tipo de alojamientos.

El verano pasado, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que no renovaría las 10.000 licencias para estos apartamentos, que “volverán al mercado de alquiler o de compra”. En febrero de 2024, la Junta de Andalucía aprobó un real decreto para aclarar las competencias de los ayuntamientos y establecer unos requisitos mínimos, mientras la Consejería de Turismo firmó convenios con varios consistorios. A finales de marzo, el consejero Arturo Bernal avanzó la clausura de 6.771 viviendas ilegales en toda la comunidad, aunque advirtió que su labor no era “demonizarlas”.

Un impacto “totalmente cosmético”

Para poner en contexto las cifras, el geógrafo Ibán Díaz explica que, en la última década, el centro histórico de Sevilla ha perdido unos 5.500 residentes. Con la normativa autonómica anterior a 2024, había “barra libre para todo el que quisiera montar un apartamento turístico,” porque era suficiente una declaración responsable, por lo que “las viviendas ilegales no tenían sentido”. “El impacto que puede tener que cierren unas cuantas es totalmente cosmético”, advierte el experto.

En otras zonas, la presión de los alojamientos turísticos ilegales es mayor. El Ministerio de Consumo ha identificado unos 15.000 solo en Madrid. “En el mercado de la vivienda parece que se ha normalizado que rija una cierta ley de la selva, el incumplimiento de las leyes y las prácticas abusivas. Así, se ha permitido que pisos turísticos que no poseen licencia puedan publicitarse con total normalidad o que agencias inmobiliarias puedan cobrar por servicios que la propia Ley de Vivienda prohíbe”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que en los últimos meses ha abierto varios expedientes sancionadores. Entre ellos, a grandes gestoras de pisos turísticos por posible publicidad engañosa y a Airbnb por no retirar miles de anuncios sin licencia.

En paralelo, Consumo “está facilitando a diferentes administraciones información” sobre estos pisos, para que “a nivel local o autonómico puedan instar a la retirada de esos anuncios, servir como indicios para potenciales procedimientos de inspección y sanción y cesar la actividad” de los que se declaren ilegales. La clave aquí es la capacidad inspectora de las administraciones. La pasada semana, el Grupo Municipal de Más Madrid denunció ante la Fiscalía Provincial al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por un presunto delito de prevaricación. Según la portavoz, Rita Maestre, “solo se han cerrado 200 pisos ilegales y se han abierto 2.500”.

Airbnb, a quien el Gobierno impuso un expediente sancionador por negarse a eliminar miles de pisos turísticos, sí se ha abierto a retirar los anuncios en algunas zonas. Por ejemplo, la plataforma llegó a un acuerdo con el Consell d'Eivissa, pionero en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Su presidente Vicente Marí agradeció en febrero al ministro de Consumo “su ofrecimiento para colaborar en nuestro Plan de Choque a través del intercambio de datos que se recojan tanto en el Ministerio como en el Consell”, en una muestra poco habitual de colaboración entre administraciones de distinto signo político en materia de vivienda.

A principios de abril, la plataforma se comprometió también a eliminar los anuncios que contravengan “de forma manifiesta” la ley en Canarias. Pero desde Consumo advierten que “el tiempo de la impunidad ha terminado”: “La ley está para cumplirla independientemente del poder que tengas”. El Ministerio no ha señalado a Airbnb como receptora del expediente de sanción, que sí ha reconocido la propia compañía.

El alcalde de Málaga, el conservador Francisco de la Torre, anunció una “moratoria global” que impida añadir nuevas licencias durante los próximos tres años, en una ciudad donde ya existen más de 12.600. Y en València, el Consistorio anunció una nueva normativa para poner limitaciones a la proliferación de estos alojamientos, con el objetivo de limitarlos al 2% del total de viviendas. “Esta medida, y las que se han anunciado recientemente para tratar de garantizar el acceso a la vivienda, son totalmente insuficientes. Puramente cosméticas para lavar la cara de los gobiernos a diferentes niveles”, considera Garrido, para quien “el exceso de pisos turísticos, la subida de los precios del alquiler y los desahucios que seguimos viviendo cada día tiene su raíz en la posibilidad de hacer negocio con las casas”.

La “exclusión de la clase trabajadora”

Mientras tanto, la presión aboca a la “exclusión de la clase trabajadora”. “La subida de precios del alquiler profundiza el trabajo precario en el sector servicios, nos impide acceder a un ocio cada vez más inaccesible y consumista” y “normalmente, no tenemos más opción que vivir lejos de nuestros trabajos y perder más tiempo y dinero en transportes”, explica Garrido.

Rocío es el ejemplo de esa explicación. Fue expulsada, junto a sus dos hijos, del barrio donde tenía su vida hecha y sus hijos iban al colegio. Del piso en la céntrica plaza de San Marcos en el que llevaba viviendo 24 años: “Nos fuimos a la zona de la Macarena, pero el alquiler se ha duplicado. Tuve la suerte de que mis caseros son conocidos, pero se ven unos dramas terroríficos. A mí todavía me alquilan, pero pienso en la señora de 80 años, en la madre que se ha quedado en la calle con su hija, en el señor con una pensión pequeña, que me decía que tendría que dormir en el coche con su mujer o en las personas de fuera, a las que no les alquilan nada... Y todos miran para otro lado. Las administraciones prometen mucho, pero luego apoyan a los holdings turísticos”.