Fue secretario de Estado de este organismo público durante los ocho años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y después repitió en el primer gobierno monocolor del PSOE de Pedro Sánchez. Artífice de importantes reformas, hay un caso que le persigue desde hace casi dos décadas: el presunto fraude de al menos 200 millones de euros de dinero público por parte de Mutua Universal. Lo denunció hace 18 años, hace una década se imputó a once directivos y hay 2.200 empresas involucradas, pero aún no se ha juzgado. “Es una enorme injusticia”, lamenta. 

En 2007, usted, como secretario de Estado de la Seguridad Social, presentó una denuncia por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social por parte de una de las mayores mutuas del país: Mutua Universal. ¿Cómo fueron conscientes de la presunta estafa y en qué consistió? 

Cuando llegamos al Gobierno en abril de 2004 hicimos un análisis de la situación de las mutuas y descubrimos anomalías bastante preocupantes. Todas las mutuas salvo dos o tres tenían asociadas empresas de prevención de riesgos laborales cuyos trabajadores eran de las mutuas, sufragados con las cotizaciones que les transfería la Seguridad Social. En segundo lugar, las mutuas tenían una normativa inadecuada que les permitía definir las “contingencias en tramitación”. Es decir, si a una persona se le partía la mano calculaban el tiempo que iba a tardar en rehabilitarse. Eso es razonable, pero descubrimos que tenían reservas en estas contingencias de dos y tres millones de euros por patologías ridículas, como una uña partida. 

Al margen de eso, descubrimos que las mutuas devolvían a empresas asociadas parte de las cuotas que esas empresas pagaban a la Seguridad Social. Algo similar a lo que en el sector del seguro se llama “extorno”, pero aquí en forma de una devolución ilegal para asegurarse su fidelidad. Eso ya era un delito que entraba en el ámbito de la estafa. Además, tenían una práctica de retribuciones a los directivos bastante considerable. Cualquier directivo o gerente de una mutua ganaba en aquel momento cinco veces más de lo que ganaba yo como secretario de Estado, mucho más que el presidente del Gobierno. 

Las mutuas trabajaban con dinero público, pero tenían un comportamiento de empresas privadas. Y cuando insistías en que esto no podía seguir así, te decían que les amparaba la libertad de empresa. En la época de Felipe González, cuando la Seguridad Social intentó poner coto a algunas de las actividades de las mutuas, obtuvieron sentencias favorables a sus criterios. Es algo que tampoco es de extrañar porque los letrados de la Seguridad Social, cuando pleitean contra una mutua, lo hacen contra los principales bufetes de abogados del país. 

¿Qué medidas se tomaron tras detectar estas irregularidades? 

Fuimos paso por paso corrigiendo la situación. Primero dictamos una resolución obligando a que las empresas de prevención de riesgos laborales se externalizaran de las mutuas, otra por la cual las contingencias en tramitación se regulaban de acuerdo a los principios del Banco de España, fijamos unos criterios sobre sueldos de los directivos, lo que nos generó más de un problema… Y, sobre todo, nos pusimos muy firmes con la prohibición de los extornos y de la competencia desleal. Estos extornos tenían una forma blanda, por la que la empresa le da unas facturas a la mutua y esta las paga como si fuera cosa suya (papelería, vehículos, gastos corrientes…); y una forma dura, que eran los maletines con dinero en efectivo. 

Fue un proceso de discusión complicado, pero en el cual la mayor parte de los gerentes de las mutuas colaboraron, hasta el punto que muchos nos decían que ya era hora de que alguien pusiera orden en esto, porque no dormían por las noches. Claro, estaban cometiendo delitos. Al final, aprobamos un Código de Buenas Prácticas en 2006 que empezaron a cumplir la mayoría. Pero nos advirtieron de que dos seguían haciendo lo de antes: Mutua Canaria y Mutua Universal. La primera acabó intervenida y sus directivos cesados y procesados [el caso acabó archivado en los tribunales].

En el caso de Universal, llegamos a una situación de falta de entendimiento absoluto y de evidencias muy graves en el tema de los extornos y de financiación de muchas actividades. Compilamos pruebas y preparamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el Tribunal de Cuentas. 

En agosto de 2007, la Policía entró en las oficinas de la Mutua.

Sí. Pedimos una orden al juez, que nos la dio, para controlar los servidores. Aquello fue lo más útil que pudimos hacer, porque desde que entró la Policía a las 8 de la mañana se pusieron a destruir muchísima información. Claro, no habían tenido en cuenta que la gerencia de Informática ya había preparado referencias a los servidores y pudimos recuperar lo borrado. Ahí estaba lo más mollar. Con esa información ampliamos la denuncia y el número de empresas involucradas. 

Después se inició el procedimiento judicial. Conforme va acumulándose la información, los jueces y fiscales empiezan a sudar al ver que aquello va creciendo y lo primero que hacen es pedir el traslado. Ningún juez ni fiscal ha durado en ese juzgado más de dos años. 

¿Qué estimación se hizo del dinero defraudado a la Seguridad Social?

En aquel momento, y estamos hablando del año 2007, eran en torno a 300 millones de euros. Ahora, con el interés legal sería más del doble.

En extornos el juez cita 195 millones de euros. Fruto de ello hay unas 2.200 empresas inmersas en el proceso judicial a título de responsables civiles. Hay multinacionales, empresas de menor tamaño, entidades públicas, comunidades, universidades…. ¿Cómo es posible que esta práctica estuviera tan extendida?

Porque era una práctica que se negociaba en el nivel de gestión. Es decir, cuando a mí me dicen que el Ayuntamiento de Barcelona cobraba ese dinero, tengo mis serias dudas de quién cobraba ese dinero. Es decir, si era el Ayuntamiento de Barcelona o era el funcionario que tenía relaciones con la mutua en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Cuando llegué a la Secretaría de Estado me enteré de que había graduados sociales y gestores administrativos que cobraban una comisión por los trabajos de las mutuas en determinados departamentos. Hablé con el director general y me dijo que le decían que se había hecho siempre. Dictamos una instrucción que prohibía a las mutuas pagar esas comisiones.

Entonces vinieron a verme dos personas: una me dijo que había dado dinero al PSOE durante la clandestinidad y se fue echando coces y blasfemias; la otra era un señor mayor, muy bien vestido, que me dijo que quería explicarme que él era amigo del rey [Juan Carlos I]. Le dije que yo no era amigo del rey y que no iba a volver a cobrar ni un euro. Se levantó, se fue, y aquí paz y después gloria. La asociación de mutuas hizo un estudio y calculó que se había ahorrado casi medio millón de euros con el fin de esas comisiones. La situación era de un cachondeo descomunal. 

Se van a cumplir 18 años desde que la Policía entró a las oficinas de Mutua Universal en Barcelona y aún no se ha realizado el juicio. ¿A qué lo atribuye? 

En la última gestión que hice en el año 2019 me dijeron que de las 2.200 empresas todavía quedaban 800 por notificar y que además ellos presumían que había 300 que ya no existían. Entiendo que esto es muy complicado, pero me da la sensación de que eso juega en contra del interés de que haya algún día alguna sentencia. En su día, directivos de Mutua Universal decían que ojalá se resolviera ya porque eso les quitaría de encima esa especie de baldón que tienen sobre su reputación. 

¿Cómo está viviendo esta demora como denunciante del caso?

Es una sensación agridulce. En lo fundamental hemos tenido éxito, ya que se han acabado esas malas prácticas. Pero en cuanto al procedimiento de la Mutua Universal, pues es tremendo. Tengo la sensación de que la Administración de Justicia trata mucho peor a los ciudadanos que a las grandes corporaciones. 

Entre mis compañeros de partido ahora es muy frecuente hablar de los jueces de derechas y de izquierdas. Yo creo que la mayor parte de los jueces son de derechas, los de izquierdas siguen siendo una pequeña minoría y eso no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Pero a mí lo que me asusta es que haya jueces que instruyen procedimientos en días y otros que tardan años. Esa es la principal injusticia, no que te toque un juez de derechas o de izquierdas. 

En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya justifican la demora por problemas de “espacio” y “calendario”. ¿Le parecen argumentos suficientes para este retraso? 

Evidentemente, son problemas y los problemas se resuelven. ¿Quiere decir que si se ponen de acuerdo 3.000 personas para asesinar no va a haber un procedimiento por no poderles juntar en una sala? No sé, es un poco absurdo. No soy capaz de apreciar que eso se convierta en un imponderable. Además, si este fuera el problema, que lo digan.

¿Qué imagen de la justicia española cree que da este proceso judicial?

De una enorme injusticia. Porque todo el mundo sabe que a un ciudadano de a pie se le va a aplicar la justicia con toda la dureza del mundo y si tiene una buena defensa y está muy acompañado, pues es posible que se le retrase el juicio. En este país tienen lugar interesantísimos debates sobre la preeminencia del Estado de Derecho, las amenazas contra el Poder Judicial… Todo eso me parece bien, soy una persona ajena a esos debates, pero a mí lo que me preocupa es que la Administración de Justicia funcione. Si no funciona, los ciudadanos están inermes, no pueden hacer nada.

Tengo colaboradores que tienen más de 70 años y alguno de ellos me temo que se va a ir de este mundo sin ver culminado este procedimiento, al que le han dedicado mucho tiempo de su vida y mucho entusiasmo. También alguno de los denunciados ha fallecido. Es una cosa de locos. 

El juez imputó a 11 directivos de la mutua, entre ellos al gerente, Juan Aicart, fallecido recientemente, al que señaló como máximo responsable y que se apartó del puesto en 2007. Sin embargo, otros imputados como Jordi Pons, siguieron en su puesto años más tarde, hasta el 2013 en su caso. ¿Desde la Seguridad Social no se podía hacer más para intervenir la mutua, ya que se financia con dinero público? 

En aquel momento, algunas de las personas que están imputadas juraron y perjuraron que querían hacer lo posible por aclarar todas las cosas y que se viera que no eran los responsables. Se les pidió que colaboraran, lo hicieron y, en este sentido, se mantuvieron. En todo caso, nosotros pedimos el cese de toda la Junta Directiva y creo recordar que solo dos personas continuaron, ya que por parte del Consejo de Dirección se nos explicó que era imprescindible que siguieran, porque en caso contrario habría habido un vacío y la mutua habría quedado sin posibilidad de dirección. 

La Mutua Universal pagó el quebranto reputacional de aquello. Era la tercera entidad de España y creo que ahora es la quinta, durante años estuvo muy marcada. Hubo la pena de picota, como se había conocido lo que habían hecho, lo pasaron mal. ¿Que podíamos haber hecho más? Probablemente, sí. 

La junta directiva, dirigida por Juan Echevarría, no resultó imputada y este directivo se mantuvo hasta 2022 en su cargo. ¿Cree que la Junta Directiva y la presidencia de Mutua Universal deberían haber asumido alguna responsabilidad?

Todo lo que hicimos estaba muy avalado por el acuerdo social. Es decir, cuando intervinimos la mutua y cuando presentamos el escrito lo comunicamos a CEOE, a CCOO, a UGT y los tres nos dieron su visto bueno. La CEOE nos pidió que determináramos cuál era el grado de responsabilidad de los directivos y si se habían visto beneficiados por alguna de las prácticas irregulares de la mutua. Y la verdad es que en la investigación que hizo la Seguridad Social no quedó acreditado nada de esto, así que se nos pidió que no les convirtiéramos en el centro de la diana. Como no habíamos descubierto nada, así hicimos. 

Le preguntaba más bien por Mutua Universal como empresa. 

Su posición en ese momento era que eso no lo había hecho Mutua Universal, sino miembros de la directiva y que ellos no tenían nada que ver. Todos sabemos que ese tipo de prácticas de forma continuada durante años debieron ser al menos conocidas. Pero es verdad que una vez que la mutua cambió de dirección, el código de buenas prácticas empezó a aplicarse. 

El gerente Juan Aicart cobraba unos 573.700 euros al año. ¿Esta situación se sigue replicando a día de hoy? ¿Qué salarios tienen los directivos de las mutuas, que son organizaciones empresariales, pero que se financian muy mayoritariamente con dinero público?

Llegaron a un acuerdo con la AMAT, la Asociación de Mutuas, para aplicarles las mismas retribuciones que tienen los directores de empresas públicas. Lo que nosotros pactamos fue las dimensiones del equipo directivo, porque no era un problema solo de que los directivos ganaran medio millón, es que ganaban medio millón y luego tenían una corte que era la del faraón. O sea, tenían 20 personas. Cuesta trabajo creer que en la administración española hubiera eso. 

Aicart y Pons se marcharon de la mutua con indemnizaciones de más de medio millón de euros, cuando estaban sobre la mesa imputaciones por haber esquilmado la Seguridad Social. ¿Qué magnitud de dinero extraviado considera que ha habido por parte de las mutuas? Ya no solo por la Universal, sino antes en general. 

Las indemnizaciones las recurrimos y lo perdimos. Es verdad que si a alguien no le han sentenciado, existe la presunción de inocencia. Y te dice, oiga, yo era directivo, estaba cobrando 50.000 euros al mes, me mandan a la calle con una mano delante y otra detrás, usted me paga lo que me paga. Esta fue la segunda parte del asunto, esos juicios sí fueron rápidos. 

Ese tipo de situaciones sí se daban. Ahora no, ahora participo en actividades de las mutuas, lo hago encantado y están haciendo una labor de colaboración con la Seguridad Social muy adecuada. Esa situación que detectamos en la Universal no creo que tenga nada que ver con lo que son ahora las mutuas.