La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el llamado Estatuto del Becario está “en el carril de entrada del Consejo de Ministros”.

El Estatuto del Becario es una regulación que se pactó entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios hace dos años, en verano de 2023, de la que se descolgaron finalmente los empresarios tras más de un año de negociaciones. Recoge nuevos derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos por transporte o manutención, el derecho a vacaciones y descansos como el resto de la plantilla y una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros.

La regulación recoge también más límites a su utilización, en número de becarios sobre el total de la plantilla (20%) y de las horas de prácticas sobre el total de los cursos formativos, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios, de hasta 225.000 euros en casos de discriminación.

Pese a que el Estatuto del Becario está pactado y firmado con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, desde hace dos años, el Gobierno no lo ha llegado a aprobar. Justo después de su firma, en la parte socialista del Gobierno afirmaron que el texto estaba “verde” y después llegó el adelanto electoral de julio de 2023 y la formación de un nuevo gobierno de coalición, entre PSOE y Sumar.

Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el nuevo Ejecutivo no lo ha aprobado. En el Ministerio de Trabajo se han centrado en la medida estrella de esta legislatura, la ley para reducir la jornada laboral y, una vez mandada al Parlamento, Yolanda Díaz afirma que la norma contra los abusos a los becarios es “el siguiente paso”.

“Ya hemos hecho la consulta pública, está en el carril de entrada en el Consejo de Ministros. Fue una negociación de 15 meses, hemos tenido unas pequeñas discusiones internas en el seno del Gobierno, vamos a dejarlo ahí, que se van a resolver. Esto es una tarea central”, ha afirmado Díaz este viernes. “No tiene sentido que esté defendiendo en la Comisión Europea la norma que hemos hecho aquí de la mano del diálogo social y que aquí no la saquemos adelante”, ha añadido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha defendido que “el Estatuto de las personas becarias es un punto en el que tenemos que seguir avanzando” y ha reivindicado la necesidad de que las políticas públicas rompan “este hecho cultural que asocia la precariedad a la juventud, porque la hace aceptable y geenera un ejército de reserva de personas precarias muy útil para determinados poderes”.

No obstante, Yolanda Díaz ha augurado que el Estatuto tendrá “grandes adversarios”, algo que ya ha sido así desde su negociación y firma. Tanto las empresas, centros de estudios privados, pero también desde las universidades y los rectores, han ejercido una fuerte oposición a esta regulación para que no salga adelante, que en los sindicatos han señalado como un “lobby” incluso más fuerte que el que se encontraron contra la reforma laboral.

En este sentido, Yolanda Díaz no solo tendrá que convencer a la parte socialista del Gobierno para aprobar la norma en el Consejo de Ministros, sino que, como ocurrió en la pasada legislatura, también tendrá una tarea pendiente de búsqueda de apoyos en el Congreso de los Diputados, donde varios socios como PNV, ERC y EH Bildu se mostraron reticentes a su aprobación.

En la jornada Juventud ≠ precariedad. Los derechos laborales de las personas trabajadoras jóvenes, que han organizado los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Juventud e Infancia, Yolanda Díaz ha insistido también en la necesidad de que los jóvenes conozcan y denuncien los abusos laborales que sufran ante la Inspección de Trabajo. “La Inspección de Trabajo está a servicio de los jóvenes. Es anónimo, es gratuito, están para que corrijamos las actuaciones ineficaces”, ha afirmado.