Uno de los momentos económicos más felices para una familia es el día en que se consigue cancelar una hipoteca. Dejar de tener tu vivienda pendiente de un crédito garantiza una tranquilidad para las cuentas de los hogares. Se puede llegar allí ya sea por cumplir con el calendario fijado en el contrato o por haber cosechado unos ahorros y haber amortizado la parte pendiente antes de tiempo. Los bancos están registrando en 2023 un número histórico de este tipo de operaciones, coincidiendo con un período de altos tipos de interés.

"No veíamos este tipo de ataques desde hace años". La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) critica la actuación este jueves en la frontera francesa de alrededor de 500 viticultores que han asaltado varios camiones con productos agrícolas procedentes de España, también de Marruecos. Entre ellos, vino, tomates o lechugas, entre otros.

Los viticultores, según recoge la agencia EFE, han bloqueado el paso fronterizo con España de Le Perthus para exigir el fin de las importaciones, han quemado neumáticos en el peaje de la autopista en Le Boulou y abierto varios camiones para exparcir la carga que transportaban en el asfalto.

Bankinter ha abierto este jueves las semanas de presentación de resultados trimestrales de la gran banca española. El grupo ha informado al mercado de un beneficio disparado hasta septiembre, con un crecimiento del 59% respecto a 2022, con lo que ha alcanzado los 685 millones de euros de ganancias.

El grupo que dirige María Dolores Dancausa ha registrado unas ganancias históricas pese al freno del principal negocio bancario: las hipotecas. La subida de los tipos de interés está provocando un freno en esta actividad, que supone el principal campo crediticio de la banca en España.

Existe un umbral que indica cuánto se debe pagar por una vivienda sin vivir ahogado, pasar dificultades o, simplemente, no llegar a fin de mes. Un inmueble, ya sea en alquiler o en propiedad vía hipoteca, no debe suponer más del 30% de los ingresos de un hogar. Un porcentaje que, si se vive en pareja o se trata de una familia con varios sueldos, puede resultar factible. Pero, si se trata de familias monoparentales o personas que viven solas, alquilar o comprar en una gran ciudad y dedicar menos del 30% del sueldo se convierte en una tarea prácticamente imposible.

La esposa del consejero delegado de Applus, Joan Amigó, ha logrado plusvalías del 69% vendiendo un paquete de 16.000 acciones del gigante de certificación industrial e inspección de vehículos que compró hace algo más de un año y del que se ha desprendido en plena guerra de ofertas públicas de adquisición (opas) sobre la multinacional española.

El pasado 14 de septiembre, en pleno rally alcista de Applus y coincidiendo con la presentación, ese mismo día, de una contraoferta por la compañía por parte del fondo de inversión Amber, la esposa de Amigó, Elisabeth Viñuales, vendió 16.000 títulos del grupo a un precio de 9,95 euros por acción, por encima de la oferta de ese fondo (9,75 euros).

España tiene a su alcance lograr el objetivo del acceso universal a la conexión móvil gracias a la colaboración del sector público y privado. Así lo han manifestado este miércoles los líderes del sector, quienes han defendido que el desafío de llevar las conexiones más rápidas a todo el territorio nacional, en especial al mundo rural y despoblado, es una oportunidad real para el futuro económico y social de nuestro país.

Ese desafío al que se enfrentan empresas como Redeia, dueña de Hispasat, o Telefónica, “es superar la barrera de la sostenibilidad”, eliminando el impacto ambiental de las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones, a la vez que “se genera un impacto social positivo”, según ha declarado este miércoles Beatriz Corredor, presidenta de la compañía.

Sigue el cruce de declaraciones entre empresarios y el sindicato CCOO - en niveles nacional, regional o provincial- en Castilla-La Mancha a cuenta de cuestiones como los convenios colectivos o, como en las últimas horas, en relación a las subvenciones públicas vinculadas al empleo, que han protagonizado la Federación Empresarial Toledana y CCOO.

Hoy ha sido el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, quien ha cargado este miércoles contra el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, por venir a la región a "mentir" delante de los medios de comunicación y a "enturbiar" las relaciones con los sindicatos, que, según ha defendido el líder de los empresarios, "están funcionando", según recoge Europa Press.

La Audiencia Nacional acogió este miércoles la segunda jornada del juicio contra Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de sus directivos —uno de ellos está jubilado— por presunta manipulación del precio de la luz en el tarifazo de 2013. En una estrategia similar a la desplegada un día antes por los dos primeros altos cargos interrogados, el resto de acusados negaron que hubiera “consigna” alguna para elevar los costes de forma irregular en plena ola de frío y en medio de las tensiones que había con el Gobierno por el déficit de tarifa.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber trasladado aún a su legislación nacional la directiva por la que se establece un espacio ferroviario europeo único y que los países del bloque deben aplicar desde 2015.

Bruselas inició el procedimiento sancionador contra España en mayo de 2018 y desde entonces las dos partes han mantenido un diálogo formal para examinar los avances de la transposición. La última notificación de nuevas medidas por parte de España llegó al Ejecutivo comunitario en diciembre del pasado año, pero los servicios comunitarios han concluido que siguen siendo insuficientes y por ello elevan el caso ante la Justicia europea.

El Tribunal Supremo ha tenido la última palabra en el conflicto laboral en Petronor, iniciado por CCOO, por eliminar el derecho a disfrutar de 10 días naturales de permiso retribuido por nacimiento de hijo o hija. Se trataba de una mejora pactada en el convenio colectivo que la empresa dejó de aplicar debido a la ampliación de los permisos de paternidad aprobada en 2019. El Supremo rechaza el recurso de la compañía y ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, que había dado la razón a la parte trabajadora, lo que obliga a recuperar el permiso.