La reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura, en dos bloques, ya se está desplegando. Algunas medidas eran de aplicación inmediata, como la recuperación de la subida anual de las pensiones según el IPC, mientras que otras se irán implementando poco a poco. Uno de los elementos de la primera fase de la legislación, los incentivos para acercar la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores a la edad legal, ya están dando sus primeros frutos, destaca el Ministerio de la Seguridad Social. Tanto con un aumento de las jubilaciones demoradas como con cierto cambio –aún muy inicial– en los meses a los que se retiran quienes optan por la jubilación anticipada voluntaria.

El Tribunal Supremo ha establecido en una reciente sentencia que quienes cobren una indemnización por despido en diferido –a plazos en cantidades progresivas mensuales– también pueden cobrar el subsidio de paro simultáneamente, ya que dicha compensación no computa como renta a efectos de percibir la ayuda de desempleo.

La Sala de lo Social ha corregido así el criterio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que en 2016 reclamó a un trabajador mayor de 52 años la devolución del subsidio al considerar que esta fórmula de percibir la indemnización de su despido constituía una renta y esta excedía el límite máximo para cobrar la ayuda.

Nueva propuesta de España para la reforma eléctrica europea con el objetivo de intentar romper el bloqueo actual y las propuestas excluyentes de Alemania y Francia. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado una propuesta con la que intenta convencer a Francia, que tiene intereses por la energía nuclear, sin perder el equilibrio de Alemania, a quien la Comisión Europea había intentado atraer con su propuesta inicial. La intención de la presidencia española, a la que corresponde pilotar las conversaciones en el seno del Consejo de la UE, es alcanzar un acuerdo este mismo jueves en la reunión de los embajadores o la próxima semana en el Consejo de Energía para que los 27 fijen su posición de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión en los denominados.

El Tribunal Supremo ha declarado que la Agencia Tributaria no puede llevar a cabo el examen en una inspección de la documentación contenida en un dispositivo electrónico, como un ordenador personal, fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial, según informa Europa Press.

En una reciente sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Supremo ha anulado una sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Región de Murcia y el auto de autorización de entrada por el juzgado de esa capital. En ellas se permitía el acceso al ordenador del recurrente sobre la base del régimen previsto para la autorización de entrada en domicilio, suponiendo que un ordenador es un lugar equiparable a éste.

La Guardia Civil ha intervenido miles de kilos de productos de origen cárnico como embutidos y jamones, pescados y mariscos, y miles de litros de aceite en el marco de una macroperación internacional contra el fraude alimentario. Los agentes han detenido ya a 13 personas y otras 87 están siendo investigadas, mientras se suman ya más de 2.000 inspecciones en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional.

La operación OPSON XII contra el fraude alimentario se trata de una macroperación coordinada por EUROPOL y centrada en el control de bebidas alcohólicas y del aceite de oliva, además de la protección de la Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Las pensiones se revalorizan año a año con el IPC medio, tras la reforma aprobada por el Gobierno de coalición, pero hay excepciones para las pensiones más bajas, que pueden incrementarse más que el resto. El próximo año, la Seguridad Social estima que el incremento general de las prestaciones rondará el 4%, a la espera de que se confirme la inflación hasta noviembre, pero las pensiones mínimas y no contributivas se prevé que lo harán más, un 6,8%.

Se trata de datos aún provisionales, estimaciones de la Seguridad Social, que recoge el Ministerio que dirige José Luis Escrivá en el informe recién publicado 'Proyecciones del gasto público en pensiones en España', que analiza el futuro del sistema público para las próximas décadas y el impacto de la reforma aprobada en la pasada legislatura.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda el objetivo del Gobierno en funciones de reducir el déficit (el desequilibrio entre gastos e ingresos públicos) por debajo del 3% del PIB en 2024. Este horizonte significaría cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se activarán a partir de enero.

El déficit se cubre con deuda. Pero gracias al crecimiento económico, que prevé del 2,5% en 2023 y del 1,7% en 2024 a pesar de la persistencia de la inflación, el organismo confía también en que nuestro país rebajará el endeudamiento por debajo del 110% del PIB (Producto interior bruto) ya este año.

Un preso despedido de forma irregular de su puesto de trabajo dentro de la cárcel también tiene derecho a una indemnización. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia pionera en la que da la razón a un preso de Sevilla despedido después de dos años trabajando en las cocinas del centro penitenciario. Su despido fue anulado y ahora los jueces reconocen por primera vez que, en estos casos, un preso tiene derecho a ser indemnizado como cualquier otro trabajador despedido irregularmente.

El Ministerio de la Seguridad Social prevé que no hará falta desplegar más medidas de ajuste en las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema de cara a la jubilación de la generación del baby boom. Así se desprende de sus estimaciones del gasto en las pensiones hasta 2050, que sitúa en una media del 12,4%, lo que no requeriría activar el mecanismo corrector dependiente de la AIReF que se creó en la última reforma de pensiones.

La Seguridad Social ha colgado este martes su informe 'Proyecciones del gasto público en pensiones en España', que había comprometido dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia europeo y forma parte del análisis de la reforma aprobada entre 2021 y 2023 por el Gobierno de coalición.

El PP, Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) se han sumado a la batalla judicial emprendida en 2019 por el PSOE para reclamar una indemnización por daños a un cártel que durante más de tres décadas (entre 1977 y 2010) manipuló el mercado de sobres de papel en España.

Ese cártel, que estuvo activo desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en España, fue desarticulado en marzo de 2013 por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), antecesora de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).