Brody forma parte de la organización que esta semana ha acusado a Biden, Blinken y Austin ante la Corte de La Haya por complicidad con crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes en Gaza
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La organización de derechos humanos estadounidense Democracy for the Arab World Now (DAWN) ha solicitado a la Corte Penal Internacional que extienda su investigación al expresidente de EEUU, Joe Biden, a su secretario de Defensa, Lloyd Austin y a su secretario de Estado, Antony Blinken, por complicidad con crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel en Gaza.
Un equipo portavoz lo anunció esta semana en rueda de prensa en La Haya, donde detalló que el escrito ante la Corte Internacional fue presentado el pasado mes de enero.
Es la primera vez que una organización con sede en EEUU pide a este tribunal internacional que investigue a un expresidente estadounidense por complicidad con crímenes de guerra y de lesa la humanidad. DAWN se basa en los envíos de armamento realizados por el Gobierno de Biden a Israel cuando ya se habían producido múltiples matanzas de población palestina, y en los hallazgos de material militar estadounidense en escenarios de crímenes israelíes en Gaza.
A pesar de ello, y de las advertencias de expertos, Washington continuó facilitando apoyo militar y protección política a Israel durante meses, cuando ya había decenas de miles de personas muertas en la Franja por ataques indiscriminados, e “intentó acallar las críticas” en ese sentido. Así lo expone el grupo de juristas de la organización estadounidense en una presentación de 172 páginas, en las que incluye “pruebas sustanciales” de la contribución de Biden, Blinken y Austin a los crímenes israelíes.
Además, pide que se analice el papel de otros oficiales del anterior equipo de gobierno y advierte de que, ante las nuevas amenazas de Trump, si no se deja claro que “funcionarios estadounidenses pueden ser y serán responsabilizados, corremos el riesgo de una catástrofe aún mayor en el futuro”. En los últimos meses se han dado varios pasos inéditos en los tribunales internacionales contra los crímenes israelíes.
Entre los impulsores de esta última solicitud ante la Corte de La Haya está el abogado estadounidense Reed Brody, un jurista bien conocido en los circuitos internacionales de derechos humanos. Brody lleva cuatro décadas trabajando en casos contra represores y dictadores en todo el mundo, tuvo un papel relevante en la acusación contra Augusto Pinochet, logró la condena por crímenes de lesa humanidad contra el exdictador senegalés Hissène Habré y ha encabezado misiones de Naciones Unidas en El Salvador o la República Democrática del Congo, entre otras iniciativas. elDiario.es conversa con él vía telefónica.
¿En qué se basa esta solicitud de 172 páginas que han presentado ante la Corte de La Haya, cómo surge?
En noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes de Hamás por los crímenes del 7 de octubre de 2023 y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el por entonces ministro de Defensa israelí Yoav Gallant por crímenes en Gaza, incluido el uso del hambre como método de guerra, los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
Pero los dirigentes israelíes no actuaron solos. Según el artículo 25 del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, las personas que ayuden e inciten a cometer estos crímenes también pueden ser consideradas penalmente responsables.
Debe demostrarse que ayudaron o alentaron la comisión de un delito, contribuyendo así a su comisión, y deben haberlo hecho con conocimiento, lo que significa que al menos han tenido que ser conscientes de que el delito del autor principal -los crímenes cometidos por oficiales israelíes- ocurrirá en el curso normal de los acontecimientos.
Biden, Blinken y Austin han sido cómplices de los crímenes de Israel no solo política y moralmente, sino también legalmente
¿En qué se concreta la complicidad de Biden, Blinken y Austin?
Nuestra solicitud ante la Corte Penal Internacional presenta extensas pruebas que muestran que el presidente Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken y su secretario de Defensa Lloyd Austin han contribuido sustancialmente a los crímenes israelíes, con el conocimiento de que se estaban llevando a cabo.
Las bombas que Israel ha utilizado para destruir hospitales, escuelas y hogares son bombas estadounidenses que ellos proporcionaron. La campaña de asesinato y persecución de Israel se ha llevado a cabo con el apoyo político estadounidense que ellos facilitaron. Estas autoridades eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo nunca se detuviera.
En otras palabras: Biden, Blinken y Austin no solo han sido cómplices política y moralmente, sino también cómplices legalmente de los crímenes de Israel. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta enero de 2025, cuando dejaron el cargo, estos oficiales estadounidenses aprobaron y facilitaron al menos 17.900 millones de dólares en envíos de armas a Israel, proporcionaron inteligencia en tiempo real y coordinación militar a las fuerzas israelíes, y vetaron múltiples resoluciones de alto el fuego en Naciones Unidas, asegurando que Israel pudiera continuar con sus atrocidades sin consecuencias.
Joe Biden y Benjamin Netanyahu, el pasado mes de julio en la Casa Blanca
Eran conscientes de los crímenes que Israel estaba cometiendo y, sin embargo, se aseguraron de que el apoyo no se detuviera
¿Qué pasos podría dar la Corte de la Haya en ese sentido?
El fiscal de la Corte Penal Internacional ya tiene abierta una investigación sobre los crímenes cometidos por Hamás y mandatarios israelíes, y esperamos que tenga en cuenta las pruebas que le hemos proporcionado.
El fiscal no suele hablar públicamente sobre las investigaciones en curso, pero esperamos que se presenten nuevas acusaciones contra otros oficiales israelíes. Nosotros estamos diciendo que también se debe investigar a los oficiales estadounidenses.
Lo han solicitado en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, ¿que establece este Estatuto?
Bajo ese artículo individuos, víctimas y ONG pueden facilitar información al fiscal de la Corte Penal Internacional.
¿Hay algún precedente similar en el pasado?
Este caso se basa en principios y precedentes jurídicos bien establecidos. Uno de esos precedentes es la condena a Charles Taylor por el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona. El expresidente de Liberia está cumpliendo ahora una condena de 50 años en una prisión británica por complicidad en crímenes de guerra al proporcionar armas a una fuerza rebelde abusiva en Sierra Leona, un país en el que nunca puso un pie.
Ese tribunal determinó que Taylor sabía de las atrocidades que sus aliados de Sierra Leona estaban cometiendo contra los civiles, pero siguió enviando armas a los rebeldes y proporcionándoles apoyo y estímulo político y moral.
Imaginemos a un hombre en una matanza que corre a una tienda de municiones y le pide al dueño (que sabe lo que está haciendo el asesino): “rápido, rápido, necesito más municiones”. Y el dueño de la tienda se las vende, pero le dice “por favor, ten cuidado de cómo las usas”. Eso es similar a la situación que estamos viendo, excepto que en el caso de Israel y Estados Unidos sucedió una y otra vez, y Biden y los demás incluso impidieron que el mundo tomara medidas para detener los crímenes.
El fiscal estaría en una sólida posición para abrir una investigación contra Trump por sus sanciones a la Corte Internacional
Recientemente el presidente Donald Trump ha establecido sanciones contra la Corte Penal Internacional. ¿Puede este tribunal de La Haya responder de algún modo ante ello?
Por supuesto. El artículo 70 del Estatuto de Roma tipifica como delito contra la administración de justicia el obstaculizar o intimidar a un funcionario judicial o tomar represalias contra un funcionario judicial.
En este caso, el fiscal de la Corte, Karim Khan, ha acusado a Gallant y a Netanyahu, y Donald Trump ha respondido imponiendo sanciones a Khan y a la Corte. Por lo tanto, el fiscal estaría en una posición sólida para abrir una investigación contra Donald Trump por estas sanciones.
¿Por qué es importante implementar el derecho internacional ante crímenes de estas características?
Los cargos contra Netanyahu y Gallant han marcado un hito en la historia de la justicia internacional. Por primera vez, en sus veintidós años de existencia, la Corte Penal Internacional acusa a un aliado de Estados Unidos. De hecho, casi ningún tribunal internacional desde la Segunda Guerra Mundial lo había hecho nunca.
Hasta esta acusación, los instrumentos de la justicia internacional se habían utilizado casi exclusivamente para abordar los crímenes de adversarios derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, de parias impotentes, en su mayoría procedentes de África, o de opositores de Occidente, como Vladimir Putin o Slobodan Milošević. Esta acusación [contra Netanyahu y Gallant] demuestra que, a pesar de lo que muchos de nosotros pensábamos, la Corte podía actuar de manera imparcial.
Según el dictamen de la CIJ, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas
La otra Corte Internacional, la de Justicia, estableció un dictamen en julio pidiendo a los Estados miembros de la ONU suspensión de comercio e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal israelí. ¿Qué valor tiene este dictamen?
La Corte Internacional de Justicia, en una de sus sentencias más importantes, concluyó que la continua ocupación israelí violaba el derecho internacional, y dictaminó que otros Estados y organismos internacionales tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni de “prestar ayuda o asistencia para mantener la situación” creada por esa ocupación.
Según esa sentencia, los aliados occidentales de Israel deben reconsiderar la naturaleza de sus relaciones comerciales, militares, económicas y diplomáticas, pero, por supuesto, han sido muy lentos en hacerlo. Si continúan demorando el proceso, creo que corresponderá a los abogados y a los tribunales independientes de cada uno de estos países obligarlos a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.
¿Cuáles son los retos y obstáculos del derecho internacional en el panorama actual y cómo puede fortalecerse?
Mi profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el legendario Louis Henkin, escribió hace décadas que “casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacional y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo”.
Sin embargo, como demuestran la invasión estadounidense de Irak, la invasión rusa de Ucrania y el ataque indiscriminado de Israel a Gaza, a menudo también son las naciones más poderosas las que violan los principios más importantes del derecho internacional.
En los últimos dos años, las instituciones de derecho internacional (la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia) han intentado estar a la altura del desafío. Los dobles estándares en muchos sentidos han pasado de los tribunales, que están haciendo su trabajo, a los países poderosos, que se niegan a aplicar la ley y los mandatos de los tribunales cuando afectan a su aliado, Israel.
Muchos estados que han sido fuertes partidarios de la Corte Penal Internacional (CPI), como Francia, Italia, Polonia -y ahora incluso el futuro canciller de Alemania-, han sugerido que no ejecutarían la orden de arresto de la CPI y no arrestarían a Netanyahu si entrara en su territorio. Lo cual, por supuesto, es lo opuesto de su posición sobre Putin, que también está sujeto a una orden de arresto de la CPI.
España, debo añadir, ha sido un partidario con más principios tanto de la Corte Penal Internacional (CPI) como de la Corte Internacional de Justicia. De manera similar, en respuesta a las sanciones de Trump contra la CPI, España, junto con otras 78 naciones, expresó un fuerte apoyo a la Corte, subrayando la importancia de defender el derecho internacional y la independencia de dicho tribunal.
Desde las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y las sanciones estadounidenses en represalia, nos encontramos en un momento decisivo. Y la pregunta es: ¿será el derecho internacional otra víctima enterrada bajo los escombros de Gaza, o podemos juntos fortalecerlo y darle una legitimidad renovada?
