Las masacres sectarias perpetradas en Siria hace un mes por fuerzas de seguridad sirias y grupos de yihadistas afines no solo se produjeron en la costa mediterránea del país, sino que también llegaron a Damasco, se realizaron fuera del foco informativo y a escasos kilómetros del palacio presidencial, donde hoy ocupa el poder el islamista Ahmed al Sharaa.

Así se desprende de una investigación reciente de la agencia de noticias Reuters basada en una docena de testimonios recogidos en el barrio damasceno de Al Qadam, donde viven cientos de familias de la minoría musulmana alauí –a la que pertenece el depuesto presidente Bashar Al Asad–. “En cualquier casa tiraban la puerta abajo y se llevaban a los hombres”, dijo uno de los vecinos cuyo pariente, un civil desarmado, fue secuestrado junto a otra veintena en la madrugada del 7 de marzo. Al menos ocho de ellos fueron posteriormente confirmados muertos por familiares y amigos. El resto sigue desaparecido.

Los detalles de esas supuestas redadas, secuestros y asesinatos, que no se habían difundido hasta ahora, refutarían la versión ofrecida por el Gobierno interino de Al Sharaa, quien días después de las masacres perpetradas a primeros de marzo en el oeste del país, en represalia por el levantamiento de exmilitares leales al régimen de Al Asad, dijo que esos “incidentes” estaban limitados “geográficamente a la costa” y fueron llevados a cabo sin la autorización del Ministerio de Defensa. 

Según la Red Siria para los Derechos Humanos, murieron más de 2.000 personas en las provincias occidentales de Latakia, Tartús, Hama y Homs, incluidos unos 40 niños y personal sanitario, entre el 6 y el 10 de marzo.

Ali, un dentista de Latakia, desmiente la versión oficial en conversación telefónica con elDiario.es: “El 90% de la gente armada que vimos en Latakia eran del gobierno o afines a él. El resto eran civiles armados y combatientes extranjeros. Por desgracia ahora forman parte de las fuerzas de seguridad”, añade.

Cuatro de los testigos de Damasco entrevistados por Reuters también señalan que varios de los hombres encapuchados que entraron en las viviendas del barrio de Al Qadam se identificaron como miembros de la Administración de la Seguridad General, las nuevas fuerzas de seguridad que están siendo formadas principalmente por excombatientes opositores. 

“No atacaron directamente a los alauíes (…) Estaban confiscando armas de todas las sectas”, señaló un portavoz del Ministerio del Interior sirio cuando se hizo pública la investigación de Reuters. Sin embargo, no concretó por qué detuvieron a civiles desarmados en estas operaciones o por qué la comisión de investigación, impulsada por el presidente Al Sharaa para depurar responsabilidades tras la ola de asesinatos sectarios de la costa, ni siquiera está investigando las desapariciones de Damasco. Esa comisión, formada el 9 de marzo, tiene un mes para presentar un informe sobre lo ocurrido a la Presidencia.

Que el nuevo Gobierno liderado por el otrora fundador del Frente Al Nusra –la filial siria de la organización terrorista Al Qaeda hasta 2016– sea verdaderamente inclusivo y “respete las particularidades culturales” de todas las minorías y grupos étnicos de Siria, tal y como reza la declaración constitucional que rubricó a mediados de marzo, es la pregunta que se hacen no solo los sirios, sino toda la comunidad internacional que, aunque sin garantías, acordó otorgarle 5.800 millones de euros (2.500 de ellos aportados por la Unión Europea) durante la última conferencia internacional de donantes para Siria celebrada en París.

El objetivo: apoyar la transición pacífica en el país, contribuir a su reconstrucción y cubrir las necesidades humanitarias más urgentes. Un apoyo que “conlleva enormes riesgos”, advierte en una entrevista con elDiario.es Kamal Al Labwani, opositor al régimen de Bashar Al Asad, perseguido y represaliado desde antes del conflicto de 2011. “No puede descartarse que el supuesto levantamiento de alauíes que desató las masacres en la costa no fuera orquestado por el propio Al Jolani con el apoyo de potencias extranjeras como Rusia o Turquía”, afirma este médico hoy refugiado en Suecia, haciendo referencia al presidente Al Sharaa con su nombre de guerra, Abu Mohammad Al Jolani.

“A pesar de la imagen que quiere dar, es un criminal, mató incluso a sus amigos y terminará dependiendo de los fanáticos suníes con los que se ha aliado”, sentencia Al Labwani. 

Como Ali, el dentista de Latakia, el disidente sirio se refiere a los miles de combatientes extranjeros (uigures y chechenos sobre todo, pero también uzbekos, tajikos, albanenes, turcos o europeos) que lucharon con el grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), que lideró la ofensiva relámpago que en diciembre derrocó al régimen de Bashar al Asad. “Son el mayor problema para Al Jolani. Los uigures y casi todos los grupos son entrenados por Turquía, que es quien realmente controla Siria, y Turquía invierte en terrorismo”, dice taxativo Al Labwani. 

“Estos combatientes de fuera no nos conocen”, añade Ali. Considera que “desprecian” a los alauíes: “Solo nos ven como los antiguos miembros del Ejército de Al Asad, pero allí también había suníes como ellos que cometieron masacres. A muchos de nosotros lo único que nos dio Al Asad fue pobreza”, asevera. 

El joven dentista pone como ejemplo la miseria en la que la familia Al Asad mantenía a su ciudad de origen, Qardaha, en las montañas a las afueras de Latakia, durante décadas bastión leal al régimen pero a cuyos habitantes les faltó tiempo para salir en masa a la calle y prenderle fuego al mausoleo familiar del dictador tras conocerse que se había ido para siempre. “En Latakia, el comercio apenas existe, no hay trabajos y la situación económica de sus ciudadanos, como la de Siria en general, es muy mala”, cuenta Mohamed, amigo suní de Ali y estudiante de ingeniería informática. “En Latakia vivíamos todos juntos bastante bien. El odio sectario viene sobre todo de fuera, de los extranjeros”, agrega.  

Kamal Al Labwani refrenda esta afirmación. “Creo que los sirios sí pueden vivir juntos. El problema no está tanto en el interior como en el exterior de Siria. Por ejemplo, Bashar al Asad quiso dimitir durante los primeros días de la guerra, pero fue Irán (...) que le animó a seguir por sus propios intereses”, comenta. “La pregunta ahora es si los sirios podrán ser los verdaderos dueños de su destino”.  

Para el opositor sirio, el actual Gobierno interino, que “no representa al pueblo que se alzó contra el régimen de Al Asad, sino a un grupo de organizaciones terroristas conectadas con el exterior”, debería disolverse mucho antes de los cinco años que se ha dado para aprobar una constitución permanente y convocar nuevas elecciones. “No hay que olvidar que muchos de sus integrantes son fanáticos suníes disfrazados de líderes que creen que Al Jolani llegó al poder por mandato divino”, afirma. 

Mohamed, de Latakia, apunta a una realidad incluso más compleja. “Como suní yo estaría teóricamente protegido por el nuevo liderazgo de Siria. Sin embargo, debido a la diferencia entre la doctrina suní mayoritaria en el país y la salafista [más radical] con la que se vincula el actual liderazgo de Damasco, tampoco puede descartarse que en el futuro surja un nuevo conflicto religioso”, dice el joven sirio. 

Por el momento, el pueblo de Siria, que se muestra tan desconfiado como esperanzado ante lo que pueda ocurrir en los próximos meses, es escéptico sobre una misma cosa: la implementación real de una verdadera rendición de cuentas por parte del actual Gobierno tras las masacres sectarias de marzo, especialmente después de haber sido acusado de falta de determinación a la hora de castigar los crímenes cometidos por sus predecesores en el poder –los cuales quedaron expuestos en la prisión militar de Sednaya, regentada durante décadas por el régimen de los Al Asad y liberada por la coalición de fuerzas rebeldes que entró en Damasco la noche entre el 7 y el 8 de diciembre–.

“Esas familias que han sido testigos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones masivas perpetradas tanto con el antiguo régimen como con el Gobierno actual, merecen respuestas”, dice a elDiario.es en conversación telefónica Hiba Zayadin, investigadora principal de Oriente Medio y el Norte de África de la ONG Human Rights Watch. “Las autoridades actuales deben garantizar que los responsables de los crímenes, tanto los perpetrados por el régimen como por los actores actuales en la costa o en Damasco, rindan cuentas independientemente de su afiliación. Hasta que eso no suceda, la violencia y la impunidad continuarán en Siria”.