En su choque con el poder judicial, el presidente estadounidense, Donald Trump, está buscando atajos. Los jueces federales se han convertido en la primera línea de defensa contra sus ambiciones de extralimitar el poder presidencial, pero para que los magistrados puedan bloquear las órdenes ejecutivas es necesario que los abogados presenten el caso.

Mientras la Casa Blanca desafía abiertamente la autoridad de los tribunales, en un segundo plano está atacando a las firmas legales que han iniciado procesos contra sus políticas. La lógica es clara: sin abogados que interpongan demandas, no es necesario enfrentarse a los jueces, pues estos no pueden tomar partido.

La cruzada contra los despachos legales llega en un momento en que la Administración Trump se enfrenta a más de 130 demandas por los despidos masivos de trabajadores federales, los decretos orientados a eliminar los programas de diversidad y las acciones para poder acelerar sus planes de deportaciones masivas. Muchas de estas medidas ya han sido frenadas por jueces federales ante su dudosa legalidad. 

El presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en las que ha acusado a grandes bufetes de abogados —como Paul Weiss, Jenner & Block, Covington and Burling y Perkins Coie— de instrumentalizar el sistema judicial. Además, también ha señalado una serie de despachos que, según él, le han perjudicado de algún modo: ya sea trabajando para sus rivales políticos o bien impulsando casos contrarios a su agenda de gobierno. En total ha habido hasta ocho bufetes que han sido blanco directo del presidente. 

“Las órdenes ejecutivas ilegales del presidente Trump buscan intimidar a los abogados para que nunca se enfrenten a él en los tribunales ni en ningún otro ámbito. Pero ni el presidente ni su equipo lograrán intimidarnos. Estamos orgullosos de estar codo con codo con los bufetes de abogados que han decidido denunciar estas órdenes ejecutivas aberrantes en lugar de ceder y cerrar acuerdos a puerta cerrada con la Administración Trump”, afirmaba en un comunicado el fiscal de Nueva Jersey, Matthew Platkin. El letrado forma parte de una coalición de fiscales generales estatales que lidera varias demandas contra los decretos presidenciales. 

Algunos de los despachos han plantado cara al presidente, alegando en demandas judiciales que las órdenes ejecutivas buscan meter miedo en el sector y disuadirlos de aceptar determinados casos. Otros han optado por llegar a acuerdos con Trump. Es el caso de Paul Weiss.

Trump etiquetó al bufete legal, que cuenta con unos 1.200 abogados, como enemigo de su Gobierno. Un viernes por la noche, el mandatario ordenaba revocar todas las autorizaciones de seguridad de los empleados de Paul Weiss, limitar el acceso del despacho a edificios federales y adoptar medidas para rescindir los contratos gubernamentales del bufete y de sus clientes. Para el jueves siguiente, la Casa Blanca ya había revocado la directriz después de que Paul Weiss se comprometiera a ofrecer 40 millones de dólares en servicios legales para apoyar las iniciativas de la Administración, como la asistencia a veteranos y la lucha contra el antisemitismo.

En la orden ejecutiva contra Paul Weiss, algunas de las causas que se citaban eran el trabajo del despacho en una demanda presentada por la Fiscalía General de D.C. contra los asaltantes del Capitolio de EEUU. También mencionaba la relación del despacho con Mark Pomerantz, quien trabajó en Paul Weiss durante dos décadas y luego participó en una investigación de la Fiscalía del Distrito de Manhattan sobre Trump y sus negocios. 

En un escenario similar se encontró la firma Jenner & Block, contra quien Trump también firmó una orden ejecutiva por haber contratado en el pasado a Andrew Weissmann, un fiscal que trabajó en la investigación sobre las posibles injerencias rusas en favor de Trump en las elecciones de 2016. A diferencia de Weiss, Jenner & Block recurrió la orden ante un juez. En el comunicado que emitió calificaba la orden ejecutiva de “inconstitucional”. 

El pasado 28 de marzo, el juez John D. Bates del Distrito de Columbia emitió una orden de restricción temporal que impedía a la Administración Trump tomar medidas contra el despacho. El 1 de abril, Bates extendió esta orden hasta que se dicte una sentencia definitiva. Tras la resolución, Jenner declaró en un comunicado que la orden “no tiene ningún peso legal”.

El bufete donde trabaja el esposo de la exvicepresidenta Kamala Harris —quien compitió contra Trump en las pasadas elecciones—, Doug Emhoff, también se cuenta entre los damnificados por el presidente. A pesar de que Emhoff comunicó a Willkie Farr & Gallagher que no debía llegar a un acuerdo con la actual administración, el despacho finalizó el asunto comprometiéndose a destinar 100 millones de dólares en trabajos a favor de causas que defiende el presidente. 

“Willkie Farr & Gallagher LLP se puso en contacto proactivamente con el presidente Trump y su Administración, ofreciendo su compromiso firme de poner fin a la instrumentalización del sistema judicial y de la profesión legal. El presidente está cumpliendo sus promesas de erradicar la guerra jurídica partidista en Estados Unidos y de restaurar la libertad y la justicia PARA TODOS”, escribió Trump en Truth Social, donde replicó el comunicado oficial de la Casa Blanca.

El bufete no solo contrató a Emhoff el pasado mes de enero, sino que también representó a dos trabajadoras electorales de Georgia que demandaron a Rudy Giuliani por difamarlas a ellas (y otros empleados electorales) en el intento por interferir en el resultado de 2020. La demanda tuvo éxito y Giuliani se vio obligado a pagarles unos 148 millones de dólares en concepto de indemnización.

En paralelo al señalamiento directo de determinados bufetes, Trump también firmó una orden ejecutiva en la que instruía a los funcionarios de los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a llevar a cabo acciones contra abogados y firmas que hayan presentado casos contra las políticas del Gobierno. El decreto, publicado también un viernes por la noche, indica a ambos departamentos que presenten demandas éticas contra aquellos abogados que consideren que han presentado casos sin fundamentos para frenar las medidas del presidente. 

El memorándum ordena a la fiscal general, Pam Bondi, que revise los casos contra el Gobierno de los últimos ocho años para buscar una “mala conducta que pueda justificar acciones adicionales”. La horquilla de tiempo abarca también la primera Administración Trump, por lo que aún se hace más notorio cómo el presidente está intentando llevar a cabo una campaña de represalias contra todos aquellos que considera enemigos.