La Tribunal Suprema de Estados Unidos frenó este jueves la creación de una escuela católica financiada con fondos públicos en Oklahoma, al empatar en una votación 4-4 tras recusarse la jueza Amy Comey Barrett, nombrada por Trump, por conflictos de intereses
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Bloqueo a la primera escuela católica de EEUU subvencionada con fondos públicos.
La Iglesia Católica en Oklahoma impulsaba este proyecto escolar en línea como un centro educativo “fiel a las enseñanzas de Jesucristo”, financiado con dinero público. Los opositores advertían que ello diluiría la separación entre Iglesia y Estado, desviaría fondos de la educación pública y podría alterar las reglas que rigen las escuelas concertadas en casi todos los estados.
Solo ocho de los nueve jueces participaron en el caso. La jueza Amy Coney Barrett no explicó su recusación, pero es amiga y excompañera docente en la Universidad de Notre Dame de Nicole Garnett, profesora y asesora del proyecto escolar en cuestión.
Siguiendo su costumbre, el tribunal no reveló cómo votó cada juez. No obstante, durante los alegatos del mes pasado, cuatro jueces conservadores parecían apoyar al centro religioso, mientras que los tres progresistas se mostraban firmemente en contra. Esto dejaba al presidente del tribunal, John Roberts, como voto decisivo, lo que sugiere que se alineó con los progresistas para provocar el empate.
El caso surge en un contexto de iniciativas, sobre todo en estados gobernados por conservadores, para introducir la religión en las escuelas públicas, explica Associated Press. Entre ellas se encuentra una norma en Luisiana que exige colocar los Diez Mandamientos en las aulas y una orden del superintendente de escuelas de Oklahoma para que se incluya la Biblia en las clases.
San Isidoro, una escuela virtual K-12 —de educación primaria y secundaria—, tenía previsto comenzar las clases con 200 alumnos el pasado otoño, con una misión explícita de evangelizar en la fe católica.
Una de las cuestiones clave sin resolver es si una escuela concertada debe considerarse pública o privada. En Oklahoma y en otros 45 estados, además del Distrito de Columbia, las escuelas concertadas son consideradas públicas: reciben fondos estatales, son gratuitas, deben cumplir con las leyes antidiscriminación y están sujetas a supervisión educativa. Sin embargo, son gestionadas por juntas independientes, ajenas al sistema escolar público tradicional.
Los defensores de las escuelas religiosas con financiación pública insistieron en que la decisión se limita a Oklahoma.
Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación de EEUU, el 8 % de los colegios públicos del país son concertados, informa EFE. De acuerdo con los datos de dicho organismo gubernamental, una escuela concertada en Estados Unidos es un centro financiado con fondos públicos, pero gestionado por un grupo u organización mediante un contrato legislativo con el estado o distrito escolar.
Ese contrato exime al centro de cumplir algunas regulaciones estatales o locales, lo que le otorga mayor flexibilidad y autonomía, a cambio de que cumpla una serie de estándares de rendición de cuentas estipulados en el acuerdo con las autoridades.
